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Estado Colonial y Nacionalizacion de los HC.

Por Roberto Fernández Terán (21/01/2005 16:13)

Concluimos entonces que la nacionalización plena de
los hidrocarburos se convierte en una consigna clave,
porque ataca uno de los pilares fundamentales del
poder y la dominación neocolonial. Una nacionalización
que permita una presencia boliviana mayoritaria en
toda la cadena productiva de los hidrocarburos; es
decir en la producción, transporte, refinación e
industrialización del gas y el petróleo.

Colonialismo Neoliberal o Autodeterminación e
Independencia Nacional

Por Roberto Fernández Terán
Miembro del Grupo de Apoyo a los Movimientos Sociales
(GAMS)

1. Los Fundamentos del Estado Neocolonial en Bolivia

En la actual sociedad boliviana, nos enfrentamos a un
Estado neoliberal con características coloniales,
porque su núcleo central de poder está estructurado
para responder a los intereses del sector financiero
internacionalizado (bancos multilaterales y privados)
y al de las compañías petroleras transnacionales. Los
denominados “empresarios nacionales”, vinculados a la
producción – agro exportación, curtiembres, textiles y
en menor medida la minería - giran en torno a este
eje dominante, pero sin posibilidades efectivas de
tener el control y el mando de la economía en el
control del excedente económico y en la formulación de
los aspectos estratégicos de la política económica.
Hoy los(as) bolivianos(as) nos enfrentamos a toda una
maquinaria neoliberal de dominación y explotación
política, burocrática, jurídica y económica;
maquinaria que únicamente beneficia a los banqueros y
empresarios petroleros extranjeros y a sus séquitos de
operadores políticos (consultores, dirigentes y
autoridades de alto rango).
En el lado opuesto nos encontramos todos (as) los
bolivianos (as) que a través de mecanismos como el
pago de la deuda pública y la aplicación de impuestos
directos e indirectos, la transferencia gratuita de
reservas probadas de hidrocarburos a manos extranjeras
y la fijación de precios internacionales de los
hidrocarburos, hemos terminado convertidos en
tributarios modernos de las empresas transnacionales
norteamericanas, europeas y brasileñas.
El funcionamiento neocolonial del Estado se puede
observar de manera descarnada en la apropiación por
parte de los organismos financieros internacionales
del proceso de toma de decisiones de los temas
estratégicos de la economía y las leyes, e incluso con
la incorporación en la estrategia de “asistencia” para
Bolivia, elaborada por el Banco Mundial, de aspectos
eminentemente políticos como el Referéndum y la
Asamblea Constituyente. De igual modo, el mecanismo
colonial se manifiesta en el soporte monetario
condicionado de la “inversión pública boliviana” por
parte de los organismos internacionales, y, peor aún,
en el financiamiento de los sueldos o gastos
corrientes de los ministerios con créditos y
donaciones de los bancos multilaterales y gobiernos de
los Estados dominantes (europeos, japonés y
norteamericano).
Al igual que el Estado colonial español, el Estado
neocolonial establece leyes que permiten el despojo de
los recursos naturales, la transferencia de la
propiedad de los recursos estratégicos a manos
extranjeras y la puesta en marcha de un feroz
mecanismo tributario que se apropia de los recursos
generados por el trabajo de la población para
transferirlo a las arcas de las economías centrales y
sus empresarios. Siguiendo un patrón similar, una
parte importante de la alta burocracia del Estado
neocolonial comparte la ideología del colonizador y
funciona siguiendo las directrices de los Estados
Dominantes a través de sus programas de “ayuda”.
Consiguientemente, no existe posibilidad de libertad y
autonomía para los bolivianos, si antes no se elimina
todo ese núcleo financiero y petrolero con su conjunto
de relaciones sociales y mecanismos, que hacen a la
base misma del Estado neocolonial en Bolivia.

2. El Suicidio Empresarial Boliviano

Los empresarios nativos que apoyan al Estado
neocolonial son aquellos vinculados directamente a la
exportación de textiles a los Estados Unidos a través
del sistema de preferencias arancelarias (ATPDEA) que
otorga el gobierno norteamericano. También, los
importadores de productos extranjeros. Éstos se han
convertido en una suerte de operadores económicos y
políticos del proyecto neoliberal y de los intereses
extranjeros en Bolivia.
Por su propia voluntad los empresarios bolivianos
aceptan depender de las decisiones políticas del
gobierno de los Estados Unidos respecto a los
aranceles y los permisos de importación. La mayoría de
los hombres de negocios “bolivianos” aceptan de manera
dogmática la idea de un comercio más abierto del que
existe actualmente en Bolivia, condenándose, por las
propias características del Estado neoliberal, a
perder en la competencia internacional y sellar con
ello su certificado de defunción en el mediano plazo.
Por otra parte, los agroindustriales cruceños, tanto
los orientados a la exportación como los que producen
para el mercado interno, se encuentran en una posición
dual y bastante confusa: piden por un lado el apoyo
del Estado para condonar o reprogramar sus deudas y
por otro apoyan con insistencia el mantenimiento del
Estado neoliberal, que por su desmesurado
endeudamiento y dependencia del financiamiento
externo, está incapacitado para subvencionar a los
empresarios nativos. Resulta una cruel paradoja que el
empresariado cruceño se encuentre entre los primeros
en defender la seguridad jurídica de los empresarios
transnacionales y no así los del conjunto del país.
La elite cruceña ha identificado al centralismo
estatal como uno de los principales males del país, y,
en consecuencia, postula que la panacea para salir de
la crisis política es la conformación de autonomías
regionales bajo mando empresarial. Esta propuesta
cruceña no ataca el carácter colonial del Estado y de
su núcleo íntimo de poder formado por banqueros y
corporaciones petroleras transnacionales.
Desde una perspectiva crítica, podemos decir que lo
que está centralizado es la forma de operar del
colonialismo, sea a través de las directrices
elaboradas por el FMI y el Banco Mundial, sea por el
afán miope de los funcionarios estatales de defender
los privilegios de las corporaciones petroleras y de
los bancos internacionalizados, sea por el
trasegamiento del excedente económico nacional a los
países extranjeros .
No se puede luchar por una mayor autonomía regional
sin antes haber derrocado al orden colonial del
Estado. De lo contrario, se corre el riesgo de
descentralizar y “autonomizar” el colonialismo, sin
solucionar los problemas fundamentales del país.
Consiguientemente, no se puede buscar autonomías con
un sentido nacional sin antes haber eliminado la
pesada carga de la deuda pública y haber recuperado la
capacidad nacional de retener la renta petrolera y
utilizar los hidrocarburos para beneficio del país en
su conjunto. ¡El desafío es nacional más que regional!

3. Nacionalizar el Gas: Propuesta para una
Participación desde la Multitud

Concluimos entonces que la nacionalización plena de
los hidrocarburos se convierte en una consigna clave,
porque ataca uno de los pilares fundamentales del
poder y la dominación neocolonial. Una nacionalización
que permita una presencia boliviana mayoritaria en
toda la cadena productiva de los hidrocarburos; es
decir en la producción, transporte, refinación e
industrialización del gas y el petróleo.
Ahora bien, tanto la propuesta del gobierno de Meza
como el elaborado por la Comisión de Desarrollo
Económico del parlamento no desmantelan el andamiaje
de poder petrolero. Ambas se limitan a recuperar la
propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo y
plantear un incremento en la participación de regalías
e impuestos; pero, el control y el mando de los
negocios se mantienen en manos de las empresas
transnacionales. En ese sentido los fundamentos del
Estado neocolonial no son afectados y sólo estaríamos
presenciando un remozamiento del orden actual.
La nacionalización que planteamos supone la
recuperación de la propiedad a favor de Bolivia en
toda la cadena productiva, industrial y del
transporte por gaseoductos y oleoductos. Y, supone
igualmente, asumir la fuerza de la multitud en la
búsqueda de la autodeterminación nacional y popular.
Dado que los hidrocarburos son parte de un patrimonio
colectivo y de carácter público, por lo tanto el
pueblo y la sociedad civil tienen el derecho de
participar en la formulación de las políticas
energéticas y en la nominación de ternas para la
elección de las autoridades del ministerio de
hidrocarburos y de Yacimientos Petrolíferos
Bolivianos, así como en la fiscalización del trabajo
de las autoridades designadas, y, en la redistribución
de la riqueza hidrocarburífera con un sentido
democrático.
En ese sentido, el pueblo movilizado debería
conformar Comités de Desarrollo Energético y de
Hidrocarburos con un directorio – revocable parcial o
totalmente en cualquier momento- formado por
representantes de los sectores sociales, sean estos de
carácter productivo, profesional, universitario o de
servicios. Las políticas y directrices que emanen de
estos comités tendrían un carácter de obligatoriedad
para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y
para las autoridades pertinentes.
Lo anterior permitiría vincular de manera íntima los
intereses de los sectores sociales mayoritarios con el
desarrollo de los hidrocarburos, promover la
participación democrática en la elección de
autoridades del sector de energía, generar ciencia y
tecnología desde la universidad pública, y, evitar el
clientelismo y la monopolización de los puestos
ejecutivos por grupos minoritarios.
Lo expresado líneas arriba no será posible, si el
pueblo y la sociedad civil de Bolivia no construyen su
capacidad autónoma de dictar sus propias políticas
económicas y distribuir el excedente económico y la
renta petrolera en beneficio de todos los bolivianos y
las regiones. En suma, las respuestas para solucionar
efectivamente la crisis económica y del Estado desde
una perspectiva propia, apuntan a nacionalizar
efectivamente los hidrocarburos, junto a la
construcción de formas genuinamente democráticas en la
redistribución de la riqueza nacional.


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¿Y después qué?

erasmo 21/01/2005 17:01

Bueno, el documento resulta propositivo y sugerente para la reflexión y ahora qué. Es decir que viene inmediatamente, espero que este documento constituya un buen insumo para la asamblea constituyente, marco en el que debería discutirse esta y otras propuestas y en el buen debate imponerse, la presión social vaya aterrizando y se haha operativo y deje el discurso delirante del que todavía peca la propuesta de análisis.

Espero que la propuesta, como ocurre con sus amigos de la coordinadora de la defensa del gas, no busque imponerse a cambio de la caida de Mesa, para que el amigo de algunos miristas de los ochenta, Vaca Diez, lo ejecute como sugiere el documento.

Creo necesario contextualizar el documento del GAms en el contexto regional, latinoamericano y global, si no se hace ello terminará siendo un cuento más de las mil y una noche. La imaginación es buena, pero atrapada en sus buenos deseos solo sirve para el delirio.

Que se imponga el documento, y eso falta, en sus razones prácticas, quiero decir cómo se hace operativo y viable como considerado?

e-mail: erasmo@yahoo.com