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BOLIVIA: CUANDO LA RIQUEZA EMPOBRECE

Andrés Soliz Rada (Tribuna Boliviana) (13/05/2005 16:44)

Cuanto más petróleo produce y exporta Bolivia, su empobrecimiento es mayor.

Esto se debe a que, al incrementarse los precios internacionales del crudo y ampliar su consumo interno, su endeudamiento crece ya que, pese a
producirlo en su territorio, debe comprarlo de las compañías a precios internacionales. Como el consumidor interno no puede pagar esos precios, el
Tesoro General de la Nación (TGN) los subvenciona, hoy en día, con 27 dólares el barril de petróleo que cuesta alrededor de 54 dólares en el mercado internacional. A su vez, como el TGN no tiene recursos, se presta dinero, al 8 %, de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs), a
cambio de bonos del TGN, lo que aumenta la deuda interna.

En 1994, tal deuda ascendía a $US 98 millones. En el 2003, llegó a $US 1.700 millones. Ahora se acerca a los $US 2.000 millones. En el 2003, las
exportaciones bolivianas apenas bordearon los $US 1.000 millones. Al liquidarse las empresas del Estado, precisamente en 1994, el 50 % de sus
acciones, acumuladas en el Fondo de Capitalización Colectiva (FCC), deberían beneficiar a parte de la población. Esas acciones están siendo transferidas
de manera paulatina al Fondo de Capitalización Individual (FCI), que las paga con los aportes destinados al pago de jubilaciones. Con estos aportes
se paga el “bonosol”, subvención anual a los mayores de 65 años, y se cumplen las obligaciones con las petroleras. Las acciones de los ciudadanos
bolivianos serán “monetizadas” o vendidas a las transnacionales, dueñas del otro 50 % de las acciones, recibidas, de manera gratuita, a cambios de
“promesas de inversión”.

El colapso del país por esa demencial política es inevitable. Y la exigencia de una nueva Ley de Hidrocarburos tiende a evitarlo. Las petroleras, por su parte, se aferran a sus privilegios y, con el respaldo de EEUU, Gran Bretaña, Francia, España y Brasil, así como del FMI, el Banco Mundial, el BID y la CAF, se niegan a modificar los contratos firmados por 40 años por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL), pese a que, según el Tribunal Constitucional, son ilegales ya que no fueron aprobados por el Poder Legislativo. El Presidente Carlos Mesa, acosado por el poder foráneo y el movimiento popular, pretende ganar tiempo con una inútil reunión a la que fueron convocadas 70 personas entre representantes del Legislativo, Ejecutivo y Judicial, tres ex presidentes de la República (GSL
fue excluido), de gobiernos municipales y algunos dirigentes empresariales, laborales y campesinos. Si Mesa no pudo cambiar la política petrolera de GSL
después del referéndum del 18/7/04, en el que, pese a sus preguntas tramposas, el 92 % de los votantes exigió la recuperación de los hidrocarburos, menos cambiará la situación con una reunión sin
representación genuina ni validez legal.

El Jefe de Estado optó por ese encuentro antes que promulgar la nueva ley ya sancionada por el Parlamento o devolverla con sus observaciones. En
mensaje al país, justifico la reunión “de los setenta” a fin de evitar la desintegración de Bolivia, que las petroleras y sus aliados internos y
externos promueven de manera abierta. Entre tanto, Mesa sigue autorizando contratos de venta de gas al exterior. Antes del referéndum, se reinició la
venta de 4 millones de metros cúbicos día (MCD) a la Argentina, al precio “solidario” de un dólar el millón de BTU. La cifra se ha incrementado a 7.8
millones y llegará a 30 millones. Al Brasil, debía llegar a 30 millones, pero la cifra subirá a 70 millones. Durante la visita del Presidente Vicente
Fox, realizada la semana pasada, se anunció que a México se exportará otros 30 millones, con lo que se ha comprometido un 30 % más de las reservas probadas.

La ley que Mesa se niega a promulgar no significa un gran avance para los intereses nacionales ya que no permite siquiera que el país intervenga en los precios de exportación del gas y deja que los contratos se adecuen a la nueva ley que casi no afecta a las transnacionales. En su opinión, “la
reunión de los 70” debe preservar los contratos de GSL, si se desea que el país no se disgregue. Frente a la situación descrita, muchas voces plantean el adelanto de elecciones presidenciales, programadas para el 2007, a fin de que un nuevo gobierno frene el absurdo de que la riqueza petrolera de Bolivia sirva para empobrecerla.

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Nota enviada por Tribuna Boliviana

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AFIRMACIONES Y APRECIACIONES FALSAS

Manuel Beltrán 16/05/2005 18:33

La afirmación de que el estado se endeuda debido a la diferencia entre el precio de venta de petróleo en el mercado interno y el precio internacional es totalmente falso.

Efectivamente, el precio de venta en el mercado interno es igual a 27$US por barril. Sin embargo, NADIE compensa ni un solo centavo a las petroleras por dicha diferencia de precio. Es decir, que las petroleras asumen dicha diferencia sencillamente vendiendo el petróleo a un precio menor, y punto. Más aún, las petroleras están OBLIGADAS A VENDER el petróleo a 27 $US el barril dentro de Bolivia SÍ O SÍ, porque si no lo hacen serán multadas con un monto de UN MILLÓN DE DÓLARES POR DÍA, según lo establecido en la Resolución Administrativa 1238 de la Superintendencia de Hidrocarburos. Y eso no termina ahí: existe una prohibición expresa de exportar petróleo sin la autorización del Ministerio de Hidrocarburos, lo cual obliga a que el petróleo se venda dentro del mercado interno SÍ O SÍ.

Pero hay más aún: las petroleras deben vender el petróleo a 27 $US el barril, pero deben pagar regalías según el precio internacional. Es decir: venden a 27 $US, pero pagan regalías como si el precio de venta fuera de 50 $US. Si uno hace un cálculo sencillo en base a esas cifras, verá que la regalía que realmente se paga por petróleo equivale al 33% del precio de venta, y no el famoso 18% que se pregona por doquier.

La famosa “subvención al diesel” a la que hace referencia todo el mundo es otro tema: como Bolivia no produce suficiente diesel, entonces la parte que no se produce debe ser importada de Argentina u otros países, a precios internacionales. Como en Bolivia los precios del diesel están congelados, entonces resulta claro que el precio del diesel afuera del país es mucho mayor que dentro del país. Esa diferencia de precios para el diesel que se importa de otros países es cubierta por el Estado. Resulta que el estado subvenciona AL CONSUMIDOR FINAL DE DIESEL exclusivamente, y eso debido a la política de mantener precios bajos en el mercado interno. Por lo tanto, NO EXISTE NINGÚN “PAGO A LAS PETROLERAS” como se pretende hacer creer.

El Tribunal Constitucional no se pronunció sobre la legalidad o ilegalidad de los contratos petroleros. Lo único que hicieron fue resaltar que según la CPE, ese tipo de contratos debería ser refrendado por el Congreso. Existen diversas interpretaciones sobre lo que esto implica, pero la mayoría de los abogados coincide en señalar que para la minería tradicional, hidrocarburos, madera y otros recursos naturales existen normas específicas que instrumentan la manera cómo el Congreso refrendará estos contratos. En el caso de los hidrocarburos, esta norma específica es precisamente la Ley de Hidrocarburos en actual vigencia, la cual especifica que LOS CONTRATOS SERÁN FIRMADOS POR YPFB EN NOMBRE DEL ESTADO, para lo cual el Congreso inclusive aprobó mediante Ley el modelo de Contrato de Riesgo Compartido, el cual ha sido declarado constitucional de manera expresa por el Tribunal Constitucional.

La desintegración de Bolivia está siendo promovida por aquellos sectores que presionan por una ley de hidrocarburos inviable, sin antes haber hecho análisis económicos, legales y estratégicos serios, que muestren las consecuencias que tendría para el país tal o cual ley de hidrocarburos.

El precio de venta a la Argentina es en realidad de 2.08 $US el millón de BTU, porque ya se dejó atrás el “precio solidario”. Este nuevo precio fue negociado por el Ministro de Hidrocarburos a comienzos de este año.